El presidente de ACS, accionista mayoritario del Castor, es decir Florentino Perez, prepara la devolución al Estado de la concesión recibida por 25 años para explotar el almacén submarino de gas que en septiembre provocó más de 500 terremotos. El objetivo de Florentino, que no tiene comprador para su participación en el proyecto, es cobrar la indemnización por los costes incurridos, que se han triplicado hasta los 1.461 millones de euros.
Si las auditorías encargadas por el Ministerio de Industria detectan dolo o negligencia en los procesos de inyección de gas o sobrecostes injustificados en la construcción del almacén, a ACS se le podría poner muy cuesta arriba el cobro de la indemnización si devuelve la concesión; cosa que no me planteo en ningún momento, ya lo veréis. Este cobra y nosotros pagamos.
El propio presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, llegó a reconocer hace poco más de un mes que la inyección de gas en la planta pudo haber “forzado” los seísmos. Lo hizo ante el Consejo Valenciano de Cultura, al señalar que los 600 millones de metros cúbicos de gas inyectados en el depósito vacío del almacén pudo provocar una “hipertensión de 7 u 8 bares más, de los 170 que ya tenía” y “forzar” y “adelantar” los seísmos que, según dijo, “se producen periódicamente en la zona".
Pero no sólo pudo haber negligencia en la inyección de gas. En Industria y en el sector gasista creen que triplicar el coste de desarrollo de la infraestructura tiene que estar muy justificado y respaldado por las auditorías encargadas para que sirvan de base para una posible indemnización.
Sin embargo, el objetivo de Florentino Pérez es cobrar los más de 1.400 millones de euros que ha costado el proyecto, una cantidad que acabaría pagando el sistema gasista en general y los consumidores en particular. ¿A que acaba siendo así?...
Y como el dinero de todos lo mangonean y dilapidan los de siempre; por un lado tenemos a la Menestra Bañez y a este gobierno de dilapiladores que, en los próximos tres años, van a gastar más de 11 millones de euros para comunicar a los futuros jubilados la edad estimada en la que podrán jubilarse y la pensión pública con la que contarán en ese momento. Los españoles, con una carrera de cotización superior a cinco años, que recibirán esa carta desde el próximo año, son alrededor de 17,6 millones de personas. ¿Queréis hacer la cuenta y ver el despilfarro?...
Y como a estos merluzos le gusta más publicitar que a un tonto un lápiz, el otro Menestro, esta vez el de Industria, se va a fundir otros cuatro millones de euros para explicarnos las virtudes del nuevo recibo de la luz a 16 millones de consumidores (14,5 hogares y 1,5 pymes).
Vamos a ver, Menestro Soria, ya sabemos que virtudes no tiene ni una; por lo tanto mejor os repartís los 4 millones entre vosotros, algo a lo que estáis muy acostumbrados, y dejáis de alimentar a Marhuendas, treces.tv y compañía.






























