UNA DICTADURA ENCUBIERTA

Lo de este gobierno no tiene nombre o tiene demasiados apelativos malsonantes para ponerlos de carrerilla a tan temprana hora del día, pero fijaros en la mala gaita que gastan y como lo tienen "todo atado y bien atado".

 

Recurrir ante los tribunales las multas que el Gobierno prevé aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costará entre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte.

 

A la dureza de las sanciones  anunciadas por el Ejecutivo para infracciones a la futura Ley de Seguridad Ciudadana (con multas de hasta 600.000 euros), que dicen ya han modificado a la baja, se suma el impedimento que las tasas suponen para el derecho de acceso a la justicia según coinciden en denunciar desde hace un año la mayoría de los operadores jurídicos.

En el peor de los casos, es decir, que un ciudadano sea multado con 600.000 euros por infringir la conocida como "Ley Mordaza", la tasa correspondiente al recurso contencioso-administrativo que puede formular se elevaría, en primera instancia, a 950 euros (350 de la parte fija de la tasa, y 600 euros más del 0,1% de la cuantía del pleito, que es la parte variable).
En caso de apelar la sentencia de primera instancia, habría que pagar otra tasa de 1.400 euros, o si se recurre en casación al Supremo, hay que sumarle otra de 1.800 euros.

 

A esos precios, ¿cuántos ciudadanos van a poder ejercer sus derechos?... Está claro, ¡NINGUNO!

Ni derecho a manifestarnos en defensa de nuestros derechos, ni derecho a que la justicia nos ampare. ¡ESTO NO ES UNA DEMOCRACIA, ES UNA DICTADURA DISFRAZADA!