Que sólo gobiernen los elegidos, pero no los elegidos por el alcalde y su partido, sino por los ciudadanos. Ese es el resumen de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha tirado abajo el precepto de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 2003, más conocida como Ley de Grandes Ciudades, que permite nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, es decir, que no hayan concurrido a las elecciones locales en las listas electorales.
A partir de la publicación de esta sentencia en el BOE, los miembros no electos de la Junta de Gobierno tendrán que ser sustituidos por concejales ya que, de otro modo, las decisiones que pudieran adoptar a partir de ahora serían nulas e inconstitucionales; sin embargo, y como no podía ser de otromodo, el tribunal salva expresamente la validez de todos los acuerdos y resoluciones adoptados hasta la fecha por las Juntas de Gobierno en las que existían miembros no electos.
¡Ya se pueden poner a trabajar muchos ayuntamientos de España, entre ellos el de la Capital!
Supongo que la sentancia es buena ya que evitará que el alcalde y su partido nombren esos miembros -o amigos- a dedo, pero en vista de las calidad que existe en la listas cerradas a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad.
De todas formas me quedo con que si esta sentencia se aplicase al Gobierno, José Manuel García-Margallo, Pedro Morenés, José Ignacio Wert y Luis de Guindos tendrían que dimitir, cuatro de las 13 joyas de la corona. Esa posibilidad me hace pensar que la nueva norma sí es buena y si las listas fuesen abiertas... ¡sería inmejorable!